José Gerardo Mejía.
Este viernes se realizó en la Cámara de Diputados una reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con representantes empresariales e industriales sobre la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum
Ante la afirmación de autoridades aduanales de que «es muy fácil clasificar un zapato», Rafael Dueñas, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) preguntó a diputados: “a ver, vean su calzado y díganme de qué material es, ¿son de piel? ¿De vaca, exótica, sintéticos?”, expresó mientras varios de los asistentes veían hacia abajo.
“No es tan fácil, hay veces que se necesitan otros elementos”, subrayó Dueñas como ejemplo de que en la reforma presidencial a la ley aduanera, “le quitaron la presunción de inocencia a los agentes aduanales porque lo mismo castiga a los malos que a los buenos”.
Dueñas participó en la segunda reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda del recinto legislativo de San Lázaro, en la que agentes aduanales, representantes empresariales e industriales rechazaron la reforma presidencial a la ley aduanera, cuya discusión en el pleno se prevé a partir de la próxima semana.
Este viernes se abordaron los temas de recaudación, simplificación y justicia tributaria, en el que Zaira Padilla Vergel, de la Asociación de Recintos Fiscalizados Estratégicos (ARFE) AC, expresó su preocupación por el “artículo 86A en lo relativo a las cuentas aduaneras de garantía”.
“Tal como está redactado, obligaría a las empresas a pagar impuestos antes del ingreso de la mercancía y posteriormente volver a pagar al momento de asignarle un régimen definitivo para después solicitar la devolución de la garantía”, subrayó.
«También nos preocupa la redacción del artículo 135 B, ya que genera ambigüedad, al inferir que las operaciones de elaboración, transformación y reparación dentro de los recintos, estaría sujeta al pago de impuestos, lo que contradice la esencia misma del régimen», agregó.
La representante de ARFE consideró que “esto representa un doble impacto en el flujo de efectivo de las empresas, lo que desincentiva la inversión y elimina de facto la razón de ser del RFE, cuyo objetivo es facilitar el comercio exterior, al igual que la finalidad del Plan México”.
“Con estos cambios, México se autolimita ante sus socios comerciales al imponer cargas financieras adicionales que otros países no exigen, lo que resta competitividad frente a destinos que sí tienen incentivos claros para la atracción de inversiones”, advirtió.
Padilla Vergel alertó que “si no se corrige este punto, parques industriales completos con inversiones millonarias en operación o en desarrollo, podrían perder su razón de ser y trasladarse a otros países”.
Los RFE son “herramienta moderna de México de facilitación comercial inspirada en las zonas francas más exitosas del mundo”, concluyó.
John Michael Willy Kolter, presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), aclaró que su intervención era “para abrirle los ojos a los diputados para no aprobar una reforma que afecte a México”.
“Así como está planteada, afectará a la industria local y desincentivará el desarrollo a futuro y la inversión nacional y extranjera”, indicó.
Willy Kolter mencionó que “los agentes aduanales aseguramos que toda la mercancía que ingresé al país, cumpla con la legalidad, las regulaciones y paguen sus contribuciones”.
“Si la reforma se aprueba, la industria química y farmacéutica quedarán desatendidas por los agentes aduanales, no hay manera de que se haga responsable en la importación de mercancías de difícil identificación y que requieran de un análisis de laboratorio para declarar de manera correcta lo que hay en el perímetro”, advirtió.
En su turno, María Elena Carrillo Pretalia, de Asociación de Mujeres Aduaneras (AMA), exigió reflexionar “sobre las multas previstas en dicho ordenamiento, porque el artículo 22 constitucional prohíbe la imposición de multas excesivas y nunca confiscatorias”.
“La SCJN establece también que las multas no pueden utilizarse como instrumentos de presión o castigo desmedido”, aseguró.
Carrillo Pretalia destacó que “las multas que se prevén en la reforma entre 250 y 300% del valor de las mercancías, pueden resultar confiscatorias, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas”.
“En el artículo 22 de la ley de ingresos, una reducción o estímulo fiscal de reducir en 100% las multas fiscales, aduaneras y de comercio exterior”, recordó.
La representante de la AMA enfatizó que “esperamos con ansiedad las reglas para la aplicación de estas condonaciones por parte del SAT”.
«Se pide a los diputados ajustes que permitan a la autoridad aduanera valorar las particularidades de cada caso, determinar la multa en función de criterios, proporcionalidad y equidad”, agregó.
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