Álvaro Aragón Ayala.
Que más ayuda viene en camino para Sinaloa. Se trata de un “grupo de alto nivel” para combatir la violencia en los estados en donde la delincuencia organizada mantiene un sangriento y mortal dinamismo que aterra a la población.
¿Quién encabezará en Sinaloa ese grupo de alto nivel? Ya se habla que en los “ejercicios” diarios de seguridad que se realizan en Culiacán y otros municipios, se incorporarán agentes del FBI y la DEA y marines de los Estados Unidos.
De la reunión que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Marco Antonio Rubio García, Secretario de Estado de Estados Unidos, surgió el acuerdo de crear ese “grupo” con el propósito -dijeron- de trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado.
Se trata de implementar acciones para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.
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No es un movimiento propio de un fenómeno social de generación espontánea: no queda claro quien es el cerebro ni quien «cosechará los frutos» de la protesta que se celebrará en Culiacán, la cual, se dice, será “silenciosa” y contra la violencia; no se sabe incluso si ya en el ajetreo del paso redoblado por la avenida Obregón se gritarán o no consignan contra los capos de los grupos armados o si vociferarán o no contra las autoridades municipales estatales y federales.
En efecto, la marcha “Ya basta, queremos paz”, programada para este domingo y que se desarrollará, si es que no cae un llovidón, en medio de la sospecha de ser un argüende desestabilizador, despide, desde su origen y la incorporación de organizaciones civiles y activistas multicolores, un tufillo político -muy leve aún- y la intención de pegarle en la “línea de flotación” en materia de seguridad al gobierno de Morena/4T. Que conste. Se trata de una hipótesis en un espacio al margen de las casualidades.
Y es que días atrás, la Diócesis de Culiacán lanzó un llamado a participar en la manifestación. Y ahora, de frente, organizaciones de sociedad civil y de la iniciativa privada emplazaron a la marcha, a la que pretenden mutar en instrumento ciudadano con el cual -dicen- buscarán expresar la inconformidad por la situación de violencia extraordinaria que vive Sinaloa desde el 9 de septiembre del 2024.
Nada es casual, que conste: la celebración del Foro de Seguridad y Paz de la Confederación Patronal de la República Mexicana, realizado este martes en Culiacán, ofrece la lectura de ser parte del proceso o del mecanismo – sin llegar a calificarlo de conspiración-, del entramado de personajes que activan a la población para que salga a la calle a sacarle llanto al pavimento.
Que la movilización no será política y que no tiene tintes electorales y que la sociedad se quiere “levantar en silencio” contra la violencia, es uno de los argumentos, sin embargo, entre los líderes de las 36 organizaciones civiles, organismos patronales y gremiales que anunciaron que participarán en la marcha, figuran personajes que tienen proyectos para involucrarse en las elecciones del 2027.
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Es extraoficial, por tanto, frisa entre lo probable, lo posible y lo imposible o tal vez sea una versión de esas que nunca maduran: en los altos niveles de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahí donde se mueven todos los poderes del Estado contra el narcotráfico, se baraja la salida de la Fiscal General de Justicia de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo.
No se acelere: tome usted el relato en torno a la Fiscal como un trascendido de los muchos que surgen en medio de la violencia y de los gritos de desespero de la población para que regrese la paz a Culiacán y a otros municipios “peligrosos”. Cierto: argumentos para la propagación de rumores en la Fiscalía hay muchos, unos desplazados con perversidad y otros sostenidos con “datos duros”.
Va un dato duro: el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, precisó que es competencia de las Fiscalías Estatales la investigación del robo de vehículos. Desde que la violencia creció en Sinaloa -en los últimos 12 meses- se han sustraído más de 6 mil vehículos, de los que solo se han recuperado 910, ya que los delincuentes los abandonan.
Otro dato lo ofreció la propia Zulema Sánchez, quien aceptó que no se ha aclarado ninguno de los 48 homicidios – ¿o ya son más? – de policías municipales y estatales perpetrados durante los 12 meses que lleva el enfrentamiento entre grupos rivales del Cartel de Sinaloa.
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Los propietarios de las “empresas de la muerte”, dedicadas a vender agroquímicos letales que por décadas han afectado la salud de la población y disparado los fallecimientos por cáncer, sufrieron un duro golpe a su economía, que podría incluso conducirlas a la quiebra.
El Gobierno de México -encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— y su brazo derecho en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, presentó el decreto para la reducción y el uso adecuado de plaguicidas en México, en el que destaca la prohibición de 35 venenos de alta peligrosidad para la salud y el medio ambiente.
¿Cuál es el propósito del decreto? Evitar efectos adversos graves para la salud humana y el medio ambiente, muchos de los cuales permanecen en la naturaleza y en los tejidos de los humanos y los animales, y pasan a la cadena alimenticia afectando a otros organismos.
En este primer grupo de moléculas (plaguicidas o agroquímicos) se incluyeron aquellas que están identificadas en los convenios internacionales —suscritos por México—, y están prohibidos en varios países del mundo.
El decreto obliga a la Administración Pública Federal a revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones, permisos y registros para la producción, formulación, fabricación, almacenamiento, importación, transporte, comercialización, distribución, uso, aplicación y disposición final de 35 plaguicidas en todo el territorio nacional.
Por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Julio Berdegué, titular de la SADER, coordinado con personal de Economía, Medio Ambiente y Salud, trabaja en la identificación y análisis de otras sustancias que serán prohibidas en las etapas subsiguientes de la estrategia nacional para proteger la salud de los mexicanos.
