Enrique Quintana.
La recaudación aduanera no refleja de manera proporcional todo el valor de las exportaciones e importaciones
Pocos saben que las aduanas son la principal fuente de ingresos tributarios en México. Ningún otro ámbito específico concentra tanto peso en la recaudación federal.
Al mes de julio, las aduanas aportaron al erario 836 mil 808 millones de pesos, equivalentes al 25.6% de todos los ingresos tributarios.
De esa cifra, 583 mil 792 millones provinieron del IVA —el 64% del total recaudado por este concepto a nivel nacional—, 133 mil 133 millones del ISR, 95 mil 991 millones de aranceles y 23 mil 892 millones de otros impuestos.
La magnitud de estas cifras confirma que las aduanas son un auténtico pulmón fiscal del país. Además, su dinamismo ha sido notable. La recaudación aduanera creció alrededor de 17% en términos reales, muy por encima del 7.2% registrado por los ingresos tributarios totales.
Este resultado no es casual; refleja los primeros esfuerzos por cerrar espacios de evasión y controlar prácticas que históricamente han mermado la recaudación.
Sin embargo, el diagnóstico oficial es que aún hay un amplio margen por aprovechar. El comercio exterior mexicano —suma de exportaciones e importaciones— equivale al 73% del PIB. Pese a esa magnitud, la recaudación aduanera no refleja de manera proporcional todo el valor de las operaciones. Es decir, una parte significativa de los flujos comerciales evade el radar del fisco.
¿Cómo ocurre esto? Los mecanismos son diversos. Desde la subvaluación de mercancías en las declaraciones hasta la introducción ilegal de bienes a través de recintos fiscalizados operados por concesionarios privados.
En algunos casos, el esquema de importación temporal, diseñado para empresas maquiladoras y de exportación, termina siendo un resquicio para colocar productos en el mercado interno sin pagar IVA ni aranceles. Estas prácticas representan pérdidas millonarias y además distorsionan la competencia al dar ventajas indebidas a quienes incumplen.
Frente a este panorama, el eje de la política tributaria de 2026 será la reforma a la Ley Aduanera.
El 8 de septiembre, con la entrega del Paquete Económico, se espera que se detallen las modificaciones. La propia consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, anticipó el pasado fin de semana que será un proyecto “de gran calado” y que “habrá de producir escozor”. No es para menos: la iniciativa pretende modificar incentivos, supervisión y responsabilidades en un sector donde confluyen enormes intereses privados y públicos.
Entre los objetivos centrales que se conocen hasta ahora está reforzar las facultades de la Agencia Nacional de Aduanas de México y del SAT, dotándolos de herramientas tecnológicas que permitan un control más estricto de las operaciones.
La digitalización completa de los procesos, la trazabilidad de la mercancía en tiempo real y la corresponsabilidad de los agentes aduanales son piezas de esta nueva arquitectura. Se busca que quienes hoy son simples intermediarios aduaneros se conviertan en auténticos garantes del cumplimiento de la ley, con responsabilidad solidaria en caso de irregularidades.
Los beneficios esperados de la reforma son claros. Por un lado, se incrementaría la recaudación sin necesidad de crear nuevos impuestos, simplemente cerrando los huecos de evasión. También se generaría un terreno de juego más parejo para las empresas formales, que hoy enfrentan competencia desleal de quienes introducen mercancía irregularmente.
Además, la modernización del sistema aduanero puede agilizar trámites y dar mayor certidumbre a inversionistas y socios comerciales.
Pero los riesgos tampoco deben minimizarse. Una fiscalización excesivamente rígida puede entorpecer la dinámica logística y afectar la competitividad del país. Las pequeñas agencias aduanales y ciertos segmentos de la industria exportadora podrían resentir los costos de adaptación a sistemas más sofisticados de control.
La clave estará en encontrar el punto de equilibrio entre la firmeza recaudatoria y la eficiencia operativa.
En este contexto, la discusión en el Congreso será especialmente sensible. Las aduanas no solo son una fuente colosal de recursos fiscales, sino también un espacio donde se entrelazan intereses empresariales y políticos. Reformar este entramado implica enfrentar resistencias, pero también abre la oportunidad de dar un salto en la modernización del sistema tributario.
La conclusión es evidente: si México quiere fortalecer sus finanzas públicas sin recurrir a más impuestos o a aumentar tasas impositivas, el campo de batalla va a estar en las aduanas.
Ahí se juega buena parte de la credibilidad del Estado para combatir la evasión y modernizar la recaudación.
Si la reforma logra cerrar resquicios y al mismo tiempo mantener ágil el flujo del comercio exterior, habrá valido la pena el “escozor” que anticipan sus promotores.
El Financiero
