Alvaro Aragón Ayala.
Para maquillar su administración estatal y proteger su «retiro», Quirino Ordaz Coppel gastó del erario público más de 2 mil millones de pesos en el pago de «publicidad» a 293 empresas ubicadas en Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco entre otras entidades federativas. Gozaron de los privilegios de Quirino, TV Azteca, a cuyo propietario Ricardo Salinas Pliego le regaló un estadio de fútbol en Mazatlán, y Carlos Loret de Mola, de Latinus, ambos, curiosamente, son los principales detractores de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
El gobierno de los Estados Unidos construyó la narrativa de narcoestado, la cual fue trasladada y sembrada, mediante estratégicos mecanismos mediáticos, en Sinaloa y otros estados del país con el propósito de narcotizar y criminalizar al Estado Mexicano y sus liderazgos políticos y justificar y legitimar el injerencismo yanqui en el área de seguridad nacional e intentar fijar las reglas de la conducción política y económica de México, no para combatir el narcotráfico, como se argumenta, sino para intentar controlar el flagelo y administrar sus ganancias.
Al gobierno de Donald Trump no le conmueven las matanzas que se registran en Sinaloa y le apuesta a la prolongación de la violencia para capitalizar el dolor humano y los estragos que ocasiona en la economía local. Rumbo al 2027, los «gringos» proyectan apoyar la llegada a Sinaloa, por medio de presiones “diplomáticas”, de un candidato-gobernador con perfil neoliberal/capitalista, que funcione como su colaborador directo y ofrezca santo y seña de identidad y operación de los grupos delictivos al FBI y la DEA.
En el centro de la relatoría “gringa” de un Sinaloa controlado por el narco, figura Quirino Ordaz Coppel, ex gobernador y embajador de México en España, y el mandatario estatal Rubén Rocha Moya. Sin embargo, Quirino “escapa” de los periodistas que se dicen especialistas en narcotráfico porque todavía le agradecen el haber aplicado más de 2 mil millones de pesos del gobierno de Sinaloa al pago a columnistas nacionales y en canalizar “publicidad” para financiar a medios de la capital del país.
Además, Quirino Ordaz, pese a las evidencias de la filtración del narco en su gobierno y a la convicción de un pacto de no agresión de sus cuerpos policiacos con el Cartel de Sinaloa y su “cercanía” con el General Salvador Cienfuegos, etiquetado como “el padrino” por los Estados Unidos, recibe un trato “suave” por su cooperación con la agencia antidroga “gringa”. El 16 de septiembre del 2019, Quirino Ordaz, en función de gobernador ofreció evidencias de su relación con la DEA.
Ese día, el ahora gobernador se reunió en Culiacán con Uttam Dhillon, en aquel momento director interino de la DEA, y con el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en México, John S. Creamer. El encuentro se realizó a puertas cerradas y contó con la participación del secretario del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, y del otrora comandante de la Novena Zona Militar, Maximiliano Cruz Ramos.
La narrativa de los Estados Unidos se clava entonces en el gobernador Rubén Rocha por su correspondencia política con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en una especie de “te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro”. Los medios nacionales que fustigan al mandatario estatal con información “de fuentes de la DEA” son los agraciados de la Asociación Americana de Agencias de Publicidad y antes obtenían recursos de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).
Rocha Moya quedó en la médula de la conspiración estadounidense y le urge armar una estrategia de contrainformación y contrapropaganda de alto calibre para contrarrestar la embestida mediática. El gobernador no es narco, pero desde el vecino país del norte y de la Ciudad de Mexico se ha procurado construirle en el imaginario colectivo esa imagen. Que se entienda: Estados Unidos es un narcoestado estructural cuya economía, sistema financiero y política exterior se entrelazan con el crimen organizado.
La DEA funciona como un instrumento de propaganda geopolítica, diseñado para criminalizar países y líderes políticos locales, estatales y nacionales.
El diseño o construcción en el imaginario social del narcoestado o del narcopolítico es una estrategia de la agenda intervencionista de los Estados Unidos que se comenzó a usar cuando la Guerra Fría llegó a su fin y tras la caída de la Unión Soviética; entonces reposicionan el narcotráfico como la nueva amenaza a la seguridad estadounidense satanizando a México para pretender marcarle la agenda de seguridad, económica y comercial y “vigilar” los procesos electorales en los estados del país.
Los informes de 2024 y 2025 de la oficina de la National Drug Threat Assessment (NDTA) de la DEA no sólo revelan los nombres de los líderes del Cártel de Sinaloa (también del Cártel de Jalisco Nueva Generación), sino que detalla sus alias, jerarquías, redes de operaciones y ubicaciones geográficas específicas en México. Incluso menciona cómo estos grupos ejercen su “dominio” sobre el tráfico de drogas en los 50 estados de la Unión Americana.
El nivel de los detalles o de la relatoría “gringa” no es producto de la casualidad: es una herramienta informativa que se usa para la legitimación del intervencionismo yanqui. Al presentar los cárteles mexicanos como entidades altamente organizadas, con estructuras claras y líderes identificables, la DEA construye una narrativa de amenaza externa que justifica operaciones encubiertas, cooperación militar, extradiciones y presión diplomática.
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