El exgobernador de Sinaloa y actual embajador de México en España también dejó una deuda con el SAT por 2 mil 200 mdp por auditorías erráticas
Mientras el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel es ratificado como embajador de México en España, en Sinaloa el gobierno estatal enfrenta una demanda de Telmex por 23 millones de pesos que no pagó durante su administración.
La deuda con Telmex no es la única que heredó, la actual administración también debe pagar al SAT 2 mil 200 millones de pesos por auditorías erráticas durante su gobierno; y del gobierno de Mario López Valdez dejaron una deuda de más de 2 mil millones de pesos con el ISSSTESIN, Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, fideicomisos y financieras.
Teléfonos de México presentó una demanda de juicio oral mercantil para exigir el pago de las facturas vencidas en el juzgado primero de distrito y mediante amparos el gobierno estatal busca que el caso se resuelva por la vía administrativa en un tribunal administrativo local o federal.
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El servicio era de Internet Directo Empresarial, para efecto de ser suministrado en diversas instituciones de educación superior y/o universidades, entre noviembre de 2017 y noviembre de 2020.
De acuerdo con documentos judiciales, Telmex reclama el pago de 23 millones 164 mil 906 pesos con 33 centavos y el pago de los intereses legales a razón del 6 por ciento anual que se hayan generado y que se continúen generando a partir de la fecha de incumplimiento de las obligaciones de pago derivadas del contrato y/o contratación del Servicio de Internet Directo Empresarial y hasta la total liquidación del adeudo.
El servicio de internet fue solicitado a Telmex el 28 de noviembre de 2017 por el entonces secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázarez.
“De la solicitud antes referida, se advierte que la parte demandada (Gobierno del Estado) pidió de mi representada TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., el suministro de internet en los puntos designados por la propia enjuiciada, esto es, en diversas Instituciones de Educación Superior y/o Universidades que residen en el Estado de Sinaloa. Conforme a ello, mi representada aceptó la misma, por lo que se perfeccionó el Contrato de Prestación de Servicios de Internet Directo Empresarial”, señalan los documentos.
El gobierno de Quirino no pagó a Telmex y cuatro años después de que terminó la prestación del servicio, la empresa demandó por la vía mercantil al gobierno estatal para que pague el adeudo.
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La demanda fue presentada el 12 de marzo de 2024 en el juzgado primero de distrito, pero el gobierno estatal presentó amparos para que el asunto se resuelva por la vía administrativa en tribunales locales o federales.
“Conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada en los contratos administrativos, deben resolverse en los juicios administrativos respectivos (federales o locales), dependiendo del régimen al que estén sujetos. Dicho de otra manera, cuando se demanda a una entidad pública el pago del importe de facturas que amparan los servicios prestados en cumplimiento a un contrato administrativo (como acontece en la especie), la vía mercantil resulta improcedente”, señaló en la demanda de amparo, Juan Zambada Coronel, apoderado legal para pleitos y cobranzas del gobierno estatal.
En el juicio de amparo el juez resolvió que se considera que la vía oral mercantil es la idónea, en razón de que lo que se reclama es el pago de facturas derivadas de un acto de comercio.
“Ante lo infundado de los conceptos de violación planteados por el apoderado legal de la moral oficial quejosa (Gobierno del Estado), lo procedente es negar el amparo solicitado”, indicó.
Ante la negativa de amparo, el gobierno estatal promovió un recurso de revisión en un tribunal de apelación que hasta la fecha no ha sido resuelto.
Además de la deuda con Telmex, los manejos irregulares durante la administración Quirino provocaron una deuda de 2 mil 200 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria.
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En enero de este año, el gobierno estatal empezó a pagar después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Estado no cumplió los compromisos que adoptó en un convenio de colaboración administrativa con el SAT.
La deuda con el SAT fue por auditorías erráticas, una con grupo Arhe, quienes inventaron pérdidas que fueron validadas por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa para evadir el pago de impuestos; y con Coppel, del SATES trataron que pagara al SAT mil 025 millones de pesos después del plazo para que ese dinero no entrara a las arcas del gobierno federal sino a las del estatal.
Del gobierno de Mario López Valdez también quedaron deudas, una de ella por 2 mil 109 millones de pesos de cuotas que no enteró al ISSSTESIN, Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y fideicomisos.
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De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado esa deuda es también con financieras con las que trabajadores del estado obtuvieron créditos que les descontaban vía nómina, pero el gobierno estatal no entregaba el dinero a las financieras.
Artículo publicado el 24 de agosto de 2025 en la edición 1178 del semanario Ríodoce.
