Después de 15 años, las autoridades sólo han sentenciado dos personas relacionadas con este hecho registrado en Tamaulipas, pero por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército
La Mascare de San Fernando, ocurrida hace 15 años en un rancho en Tamaulipas, reveló el horror que viven los migrantes que pasan por México para llegar a Estados Unidos, afirmó un informe de la Fundación para la Justicia.
Entre el 22 y 23 de agosto de 2010, un total de 72 migrantes —58 hombres y 14 mujeres— fueron “terriblemente” asesinados por el «Cártel de los Zetas», según un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Las víctimas de diversos orígenes se encontraban en tránsito por el país rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con la CNDH «este nefasto suceso también ha recibido el nombre de Masacre de los 72«, uno de los crímenes no resueltos por el gobierno mexicano.
De acuerdo con el documento, este acto fue perpetuado por «Los Zetas» argumentando que los migrantes se negaron a formar parte de la organización o a pagar una cuota para seguir su camino, por lo que fueron secuestrados, retenidos y ejecutados a menos de 150 kilómetros de la frontera norte.
«Se les asesinó por la espalda y sus cuerpos fueron apilados y abandonados a la intemperie, acelerando con ello su proceso de descomposición», reprochó la CDNH.
De este hecho sólo hubo dos sobrevivientes, entre ellos un ecuatoriano, quien fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no lo remataran.
La Fundación Para la Justicia detalló que hasta el momento se han identificado 63 víctimas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil y la India.
En el año 2013 la CDNH acordó hacer público el caso y recomendó a la entonces Procuraduría General de la República —ahora Fiscalía General de la República (FGR)—, que se tomen medidas necesarias de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito.
«Se practiquen todas las diligencias que sean legal y materialmente necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos«, indicó la CDNH.
Sentencias de los participantes
Asimismo, La Fundación Para la Justicia reprochó que las autoridades sólo han dictado dos sentencias condenatorias a personas vinculadas con la masacre, pero no por los delitos de homicidio.
Los delitos de los sentenciados incluyen delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército, indica la fundación.
«Esto deja un vacío sobre la responsabilidad en la privación de libertad y la muerte de las víctimas», dice el informe.
La fundación pide a las autoridades instrumentos extraordinarios que permitan un enfoque integral, combinando macrocriminalidad y derechos humanos, y garantizando independencia hacia las víctimas.
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