El nuevo Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, deja fuera el pago de adeudos anteriores con proveedores y contratistas, y se enfocará únicamente en cubrir los contratos nuevos que se generen a partir de 2025.
El documento oficial, consultado por Proceso, admite que, aunque se han realizado pagos de pasivos vencidos durante este año, la deuda acumulada sigue “comprometiendo la viabilidad” de la empresa productiva del Estado.
Sin embargo, no establece un calendario, montos ni procedimientos claros para liquidar los adeudos previos, lo que deja en incertidumbre a miles de empresas, en especial micro, pequeñas y medianas del sector energético.
En su lugar, Pemex creó un fondo de inversión con participación de Banobras, pero de alcance limitado: sólo cubrirá proyectos y servicios prestados durante 2025.
Esto, según analistas, envía un mensaje de que los pasivos anteriores quedarán sin atención, lo que podría afectar hasta 40% de las economías de estados petroleros como Campeche, Tabasco y Veracruz, con el cierre de empresas y pérdida de empleos.
El problema no es menor: hasta el segundo trimestre de 2025, la deuda comercial con proveedores y contratistas asciende a 431 mil millones de pesos.
Dentro de este monto, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) reporta un saldo de 94 mil millones de pesos, de los cuales 12 mil millones corresponden a facturas vencidas.
AMENAZA A LA ESTABILIDAD SOCIAL DEL PAÍS
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que esta situación amenaza directamente la estabilidad empresarial y social del país.
Aunque reconoce que este año Pemex ha pagado 147 mil millones de pesos y que se trabaja con la Secretaría de Hacienda para saldar el resto, mientras no se cubra la totalidad del adeudo “miles de empresas seguirán en riesgo de detener operaciones, despedir personal o incluso cerrar definitivamente”.
La organización patronal subrayó que el adeudo con proveedores no es sólo una cifra contable: cada factura pendiente representa el sustento de familias y comunidades enteras que dependen de empresas hoy asfixiadas por la falta de liquidez.
La crisis se concentra en regiones estratégicas como Ciudad del Carmen, Reynosa, Tampico y Tabasco, donde la falta de pagos está paralizando proyectos.
A la deuda comercial se suma una deuda financiera total superior a los 2 billones de pesos, que creció 3.8% al cierre de 2024.
Coparmex recordó que existen mecanismos legales para cancelar o renegociar contratos heredados desventajosos, pero mientras no se ejerzan, Pemex seguirá arrastrando un peso financiero que compromete su futuro y el del ecosistema empresarial que la respalda.
Además, empresas han denunciado presiones indebidas y posibles actos de corrupción para liberar pagos legítimamente adeudados, lo que agrava la desconfianza en la gestión de la petrolera.
En paralelo, los indicadores operativos muestran deterioro: los ingresos por ventas y servicios de Pemex cayeron 2.5% interanual y la producción de crudo disminuyó 11.3%, mientras que la de gas natural retrocedió 8.7%.
Coparmex exige al Gobierno Federal y a la dirección general de Pemex transparentar el estado actual de los adeudos, establecer un calendario público de pagos y garantizar que ninguna empresa tenga que recurrir a prácticas irregulares para obtener lo que le corresponde.
“México necesita una empresa petrolera sólida, pero no a costa de debilitar al ecosistema empresarial que históricamente ha respaldado su operación.
No claudicaremos en nuestra labor de defender la justicia, la transparencia y el Estado de derecho”, concluyó el organismo.
Con información de Proceso.
