Alfonso Carlos Ontiveros Salas.
Parece que hay quienes se resisten a admitir los cambios normativos laborales que deberán darse en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Esa posibilidad no es remota, son disposiciones que deben darse conforme a los lineamientos que ya se tienen en el gobierno federal como entidad directamente responsable del subsidio que anualmente se entrega a la Casa de Estudios Rosalina.
No se puede ignorar que el costo de la nómina del pago a los trabajadores jubilados representa poco más del tercio anual del presupuesto universitario. La federación otorga el subsidio a la UAS para resolver las necesidades ordinarias de la Institución respecto a la educación que imparte, pero históricamente no se ha reconocido formalmente el derecho a la jubilación.
La jubilación ha sido también un foco de atención del gobierno federal desde hace muchos años, porque no se han realizado esfuerzos conjuntos que conduzcan a darle viabilidad a la prestación. Ya se dio uno, pero fracasó. Hoy resurge la sombra del fantasma que puede hacer nugatorio ese derecho si no nos quitamos ese tonto discurso de que la corrupción, de que los empleados de confianza entre otros.
La reflexión seria, serena, profesional y con propósitos de aportación a soluciones es lo que debe darse en estos momentos que pueden ser importantes para detener un perjuicio que puede ser irreversible en una prestación que todos debemos defenderla.
Quien diga y sostenga que la jubilación no se puede suprimir porque es un derecho derivado del contrasto colectivo de trabajo ¿También pregúntense, si el otorgante del subsidio no estaba obligado a ser llamado para comprometerse a la aceptación de dicha prestación?, pero resulta que en ninguna parte del contrato colectivo de trabajo se inserta alguna justificación del porqué no aparecen las autoridades federales otorgando el aval al compromiso contractual mencionado?
Las autoridades gubernamentales que se quedaron calladas por conveniencias políticas para no verse distraídos por disturbios que pudieran ocasionarse por inconformidades de los universitarios cuya sombra del 68 y desmanes de la liga comunista 23 de septiembre y otras organizaciones políticas subversivas, llevaron a tolerar la incorporación de prestaciones en los contratos colectivos de trabajo que ahora deben ser urgentemente revisadas y modificarlas de ser necesario.
No es el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, el autor de los anuncios realizados desde dentro del H. Consejo Universitario, así como a la propia comunidad universitaria que representa. Solo anuncia lo que desde el gobierno federal se tiene proyectado instrumentar en la Universidad Autónoma de Sinaloa. La revisión del contrato colectivo de trabajo y algunas de sus prestaciones es impostergable llevarlas a cabo.
El fondo de pensiones es una vía que se tiene que retomar. Activos y jubilados deben sumar esfuerzos y compromisos iguales. Unos porque dicen que ya tienen ese derecho concedido e intocado y otros, porque están dentro de una expectativa de poder jubilarse. Creo que en estos momentos no resulta nada sano polarizar o politizar partiendo de esos criterios que nada abonarían a la solución del asunto de derechos adquiridos o expectativas de derechos.
La solución tiene que salir de los universitarios, voluntad para sanear un problema que solo es de los propios universitarios. La intransigencia no creo que sea bienvenida, la determinación racional es la que se quiere en estos momentos. La unidad rosalina para resolver la amenaza a derechos vitales de los trabajadores activos y jubilados, es lo que demandamos en estos momentos.
