Eduardo Ruiz-Healy.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció el sábado pasado una serie de medidas para enfrentar lo que calificó como el “descarado incumplimiento” de México al Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo de 2015. Acusó a México de haber obligado a los operadores de carga a trasladarse al mal comunicado aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) y de haber rescindido abruptamente, desde 2022, los permisos asignados a las aerolíneas para despegar o aterrizar en un aeropuerto en un horario específico (conocidos como slots), que son especialmente relevantes en aeropuertos congestionados, donde la capacidad de pistas, plataformas o terminales es limitada. Según Duffy, México “rompió su promesa, distorsionó el mercado y dejó a las empresas estadounidenses cargando con millones en costos adicionales”. El comunicado del Departamento de Transporte (DOT) menciona que México justificó la reubicación de las operaciones de carga del AICM al AIFA argumentando que era para permitir obras destinadas a aliviar la congestión, pero tres años después dichas obras no se han concretado ni han generado beneficios verificables.
Por lo anterior, Duffy emitió tres órdenes regulatorias que establecen que, a partir del 18 de agosto, las aerolíneas mexicanas deberán solicitar autorización previa al DOT para operar vuelos chárter de gran capacidad y que cualquier vuelo regular que esté programado para iniciar después del 19 de agosto deberá presentar sus horarios con al menos 30 días de anticipación para obtener la aprobación correspondiente. Estas medidas aplican tanto a vuelos de pasajeros como de carga y representan un control adicional sobre todas las operaciones mexicanas hacia EU.
Además, el DOT inició el proceso para revocar la inmunidad antimonopolio del acuerdo Delta–Aeroméxico, una alianza estratégica clave para ambas compañías.
La situación se debe, en buena medida, a las políticas improvisadas de Andrés Manuel López Obrador, que dejó un sistema aeroportuario desarticulado, militarizado y ajeno a las reglas internacionales. Durante su gobierno se canceló lo que hubiera sido el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, se impuso el AIFA, y se decidió reducir operaciones en el AICM sin ofrecer alternativas reales.
Las consecuencias para la aviación mexicana serán severas. Aeroméxico perderá su capacidad de coordinar precios y rutas con Delta, lo que la dejará en desventaja frente a sus competidores. Las aerolíneas de bajo costo enfrentarán trabas burocráticas adicionales y la posibilidad de que se les nieguen rutas estacionales o nuevas frecuencias. Y como siempre, el que pagará es el pasajero mexicano: menos opciones, más tarifas, peor servicio. Si el conflicto escala, México podría perder hasta 2,500 millones de dólares en exportaciones y turismo receptivo.
Aunque parezca un asunto técnico, la disputa por los slots podría convertirse en el conflicto aéreo más serio en décadas entre México y EU. Con rutas estratégicas, cadenas logísticas y millones de turistas en juego, México pagará el precio de la improvisación de AMLO. Otra vez, los costos de su visión ideologizada y anticomercial recaen sobre el presente. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum deberá resolver un problema más que le heredó su antecesor.
El Economista
