Zósimo Camacho.
La violencia desatada desde el gobierno de Felipe Calderón hizo estallar el negocio de la seguridad privada no regulada en México. Hoy operan más de 4 mil empresas fuera del marco legal, con medio millón de efectivos irregulares
Desde 2007, la industria de la seguridad privada mantiene un crecimiento sin comparación en México. Incluso en periodos de contracción y recesión económicas, es el único sector empresarial que mantuvo números positivos en los últimos 20 años.
La violencia desatada desde el periodo de Felipe Calderón (2006-2012) obligó a empresas de todos los tamaños y sectores a buscar algún tipo de protección. La encontraron no sólo en profesionales legalmente establecidos y registrados ante las autoridades federales y estatales.
A la par, proliferaron empresas improvisadas, sin conocimiento real del ámbito de la seguridad. Se nutrieron de jóvenes improvisados, sin preparación y motivados sólo por la necesidad de empleo; incluso, algunos provenientes de las filas delincuencia. Hoy, estos establecimientos son parte del problema, y no de la solución, de la inseguridad en México.
El mercado de la seguridad privada en el país registra un crecimiento anual de entre el 20 y el 25 por ciento, refiere a Diario Red el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP). La expectativa de esta cámara empresarial es que en 2025 el sector contribuya con el 1.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) mexicano y genere un millón de empleos directos.
El país vive un “proceso de privatización de la seguridad” que se aceleró a principios de los años 2000
Señala que la “oportunidad” de crecimiento de la industria de la seguridad privada descansa en la inseguridad pública –aún presente en amplias regiones del país– y el nearshoring. Es decir, en la demanda de protección de las empresas creadas con nuevas inversiones, principalmente extranjeras, que relocalizan sus plantas productivas en México.
El país vive un “proceso de privatización de la seguridad” que se aceleró a principios de los años 2000, observa Carlos A Pérez Ricart, experto en temas de seguridad, profesor-investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Agrega que el país se convirtió en el “paradigma de la explosión de empresas de seguridad privada en América Latina”.
Hay casos en Latinoamérica con cuatro o cinco guardias privados por cada uno público. “Es brutal”. Y en ningún caso la seguridad privada resuelve el problema de inseguridad de un país, advierte quien también fuera integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad durante el sexenio pasado.
En efecto, un estudio académico publicado en el Latin American Law Review por el propio Carlos A Pérez Ricart (CIDE) y Valentina Carbonell Galicia (LAB-CO) revela que México lidera en América Latina la privatización de la seguridad, un fenómeno impulsado por reformas fallidas, crisis de violencia y políticas neoliberales desde la década de 1980.
La seguridad privada en México hoy atraviesa tres complicaciones que le convierten en parte de los problemas sociales: uso de armamento ilegal, conexión con el crimen y explotación laboral. Pérez Ricart observa que “las armas sin permisos terminan en escenas del crimen” y recuerda que la frontera entre guardias irregulares y delincuentes “es porosa”.
«Al no haber registros confiables, los nexos con el crimen son enormes; en el sur del país y en Centroamérica, muchas sirven como ejércitos paramilitares al servicio de élites, desregulados y armados ilegalmente”.
Peor aún, las conexiones criminales de algunas empresas resultan casi obvias: “Al no haber registros confiables, los nexos con el crimen son enormes; en el sur del país y en Centroamérica, muchas sirven como ejércitos paramilitares al servicio de élites, desregulados y armados ilegalmente”.
El CNSP, por su parte, asegura que el sector es un pilar económico, pero enfrenta graves problemas de informalidad, precariedad laboral y vacíos legales. Señala que en todo el país operan entre alrededor de 7 mil empresas de seguridad privada; pero sólo 3 mil 400 están formalmente registradas ante la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP), la instancia federal que desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana supervisa el funcionamiento de las empresas.
Es decir, la informalidad afecta al 48.6 por ciento del sector, con empresas sin permisos, evasión fiscal y sin acceso a seguridad social para sus trabajadores.
Ricardo León Dorantes, presidente ejecutivo del CNSP, destaca la importancia económica del sector en México. Reconoce, sin embargo, los riesgos que representa la proliferación de empresas irregulares. “Las empresas irregulares no venden protección, venden riesgos”, dice a Diario Red.
“No hay un sector tan precario en áreas urbanas como este: jóvenes sin seguridad social, con salarios miserables y altísima rotación”
En cuanto al personal, se estima que cerca del 50 por ciento de vigilantes en el país laboran en la informalidad, sin registro ante autoridades. Aunque la tasa de informalidad laboral específica en el sector fue de entre el 15.9 por ciento y el 16.1 por ciento en 2024 –por debajo del promedio nacional–, en servicios de vigilancia y personales alcanza hasta 60 por ciento.
El CNSP observa que la industria de la seguridad privada sufre una rotación anual que va del 70 al 80 por ciento. Entre las razones destaca los salarios bajos, las jornadas extenuantes y la falta de prestaciones.
“No hay un sector tan precario en áreas urbanas como este: jóvenes sin seguridad social, con salarios miserables y altísima rotación”, observa Pérez Ricart. Encima, “están expuestos a balaceras y lesiones, pero no reciben capacitación”.
Incluso el CNSP ha detectado que algunas empresas contratan personal sin evaluaciones de confianza, y hasta con antecedentes penales. Ricardo León Dorantes, señala que tales casos han sido denunciados ante la SSPC.
las reformas policiales de la década de 1980, como la desarticulación de la corrupta Dirección General de Policía y Tránsito, dejaron un vacío que llenaron empresas privadas
Lo que hoy vive México es resultado de décadas de políticas fallidas, que se profundizaron con la “guerra” de Felipe Calderón (2006-2012) y cuyos orígenes se remontan a la implantación del neoliberalismo en la década de 1980.
En la investigación de Pérez Ricart y Carbonell Galicia, “La privatización de la seguridad en México” (Latin American Law Review, 14, 2025), se establece que las reformas policiales de la década de 1980, como la desarticulación de la corrupta Dirección General de Policía y Tránsito, dejaron un vacío que llenaron empresas privadas.
La ola de violencia en la década de 1990 (ejemplificada por los asaltabancos en la Ciudad de México) y la adopción del modelo neoliberal aceleraron la demanda de seguridad privada. Incluso, durante el sexenio de Felipe Calderón, ya en 2006-2012, se implementaron Asociaciones Público-Privadas (APP) para construir y operar prisiones.
Por su parte, Ricardo León Dorantes, líder del CNSP, señala que, mientras las empresas formales invierten en capacitación, tecnología y colaboración con autoridades, las irregulares operan con salarios bajos, sin prestaciones y mediante contratos temporales por “compadrazgo”. Muchas solo sirven como abrepuertas en condominios o comercios, sin cumplir normas, critica.
Para el CNSP, México presenta hoy vacíos legales que facilitan la corrupción y la proliferación de empresas que operan sin cumplir requisitos. Considera que la ausencia de una Ley General de Seguridad Privada y la falta de homologación estatal impiden una supervisión efectiva.
Resalta que el sector puede seguir expandiéndose legalmente, con la oportunidad que representan la relocalización de empresas y las nuevas ventajas tecnológicas, como la inteligencia artificial, la videovigilancia y la ciberseguridad. Pero requieren regulación clara, advierte.
El CNSP urge al gobierno y al Congreso a expedir una Ley General de Seguridad Privada para un marco regulatorio único. Lamenta que no sea prioridad para los legisladores la discusión de la iniciativa de ley que el organismo propuso desde mediados del sexenio pasado.
León Dorantes explica que la nueva normativa permitiría homologar criterios en todos los estados y evitar que las empresas formales enfrenten costos duplicados por regulaciones locales dispares.
“La ley actual, vigente desde 2006, está rebasada. Pero no hay voluntad política: no es tema electoral”, lamenta, al acusar conflictos entre estados y Federación por el control de ingresos del sector.
Sin embargo, para el académico Pérez Ricart la solución no pasa sólo por regular el sector. De hecho, considera que “no es un problema de leyes”. El país cuenta con “normas decentes”. El reto es la aplicación de la ley y el modelo de seguridad que se pretende construir.
Indica que México se debe preocupar más por el fortalecimiento de la seguridad pública. Eso abatiría la proliferación de empresas de seguridad privada. Se trata de una ecuación clara: una sociedad que menos invierta en seguridad pública tendrá que gastar más en seguridad privada.
Por ello, advierte que un país que descansa su política de seguridad en la seguridad privada está destinado al fracaso; es un modelo para minorías con dinero, que profundiza la desigualdad.
