Javier Coello Trejo.
El Poder Judicial logra autoridad cuando protege al ciudadano; la pierde cuando obedece consignas. Septiembre será la prueba para la SCJN
El país espera, pacientemente, la transformación más profunda que haya vivido la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1994. El pasado 2 de junio se eligieron nueve nuevas togas; el nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortíz, encabezó la lista y, a excepción de uno de ellos, el resto comparte el mismo partido que impulsa la reforma judicial. La participación ciudadana apenas alcanzó el 12% (doce por ciento) del padrón.
El 8 de julio, Norma Lucía Piña Hernández, aún presidenta de la Corte, abrió su despacho a Hugo Aguilar Ortíz para formalizar la transición. El boletín oficial habló de cordialidad y mesas de trabajo para “abordar el rezago” de más de ocho mil asuntos. A partir del 1 de septiembre, la Corte se reducirá de once a nueve integrantes y sus dos salas desaparecerán; todo se resolverá en pleno. Menos ministros, más concentración.
La primera señal del nuevo bloque no tardó, pues esta misma semana la Presidencia pidió retirar del calendario la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Con un simple oficio, pospuso un asunto que, con la integración anterior, ponía en jaque el uso discrecional de la cárcel sin sentencia.
El nuevo órgano que administrará juzgados y tribunales federales tendrá cinco asientos nombrados directamente por el Ejecutivo y el Senado, y solo tres por la propia Corte. Así se muere la justicia: el Poder Judicial responderá a la línea partidista.
Conviene recordar que la Corte que se va fue aquella que: 1) invalidó el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil en 2022 por violar la privacidad; 2) declaró inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) en 2023; y 3) determinó inconvencional la prisión preventiva oficiosa en 2023, abriendo la puerta a revisar miles de casos de personas presas sin sentencia.
Hoy, con los nuevos ministros, esos precedentes corren peligro. El Ejecutivo ya prepara una ley que permitiría operaciones encubiertas de la Guardia Nacional sin control judicial; su constitucionalidad será juzgada por un Pleno dominado por la misma fuerza que la promueve.
Muchos confían en la presión de los gringos para moderar el exceso. No apostemos nuestra Constitución a intereses ajenos: Washington actúa cuando le conviene, no cuando nuestra libertad está en juego.
No olvidemos el origen de la Corte moderna. En 1994 se redujo el pleno de veintiséis a once para asegurar deliberación técnica. Tres décadas después, ese mismo recurso, usado sin sustento, amenaza con eliminar la pluralidad necesaria para controlar al poder. Lo que entonces buscó independencia hoy podría convertirse en lo opuesto, rapidez sin debate, decisión sin argumento.
Están en estudio muchos asuntos decisivos, siendo que destaca el hecho de que sean tantos estos los que tocan intereses directos del Ejecutivo; todos dependen del nuevo pleno.
Siempre hubo presión sobre los ministros, pero también existía diversidad real. Hace poco, los togados propuestos por bancadas rivales coincidieron para defender la libertad de expresión y la autonomía de órganos reguladores. Esa rivalidad, definitivamente, ya no existe.
Sin juez independiente no hay juicio justo. Un expediente puede empolvarse años si se envía a “estudio”. Cuando la agenda de un litigio dependa de la instrucción política, la defensa jurídica será mero ritual.
Hemos de recordar: Los ministros que resolverán ahora serán aquellos que, mañana, decidirán sobre leyes fiscales, sobre si el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y si la Guardia Nacional podrán detener arbitrariamente a la ciudadanía. El derecho debe protegerse antes de necesitarlo.
De la nueva Corte se espera valor, no fama. Toda mayoría es pasajera; la dignidad de la toga debería ser permanente.
El Poder Judicial logra autoridad cuando protege al ciudadano; la pierde cuando obedece consignas. Septiembre será la prueba.
Por ahora, el aviso queda escrito: sin el contrapeso, la balanza de la justicia terminará inclinada hacia el poder y lejos del derecho.
El Financiero
