RICARDO PERALTA.
Además, la legislación refuerza la coordinación interinstitucional, optimiza el uso de recursos federales y prevé sanciones para las autoridades locales que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad
En un contexto en el que el crimen organizado desafía la estabilidad del Estado mexicano con una sofisticada capacidad logística, económica y territorial, la reciente aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, junto con reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, constituye un hito en la modernización de las instituciones de seguridad pública. Estas reformas, impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobadas por el Congreso de la Unión en junio y julio de 2025, no solo responden a una deuda histórica en materia de inteligencia, sino que colocan a México como referente regional en prevención y persecución del delito, con un enfoque integral, tecnológico y respetuoso de los derechos humanos.
La denominada “Ley Espía” —calificativo sensacionalista que distorsiona su propósito— establece un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que centraliza y coordina datos provenientes de instituciones públicas y privadas, operado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y una nueva Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este sistema permite generar productos de inteligencia criminal para fortalecer las investigaciones del Ministerio Público, priorizando los delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, trata de personas, extorsión y narcotráfico. La interoperabilidad de bases de datos biométricos, fiscales, telefónicos y de geolocalización —bajo control judicial y conforme a las leyes de transparencia y protección de datos personales— dota al Estado de herramientas para anticiparse a las amenazas y desarticular redes criminales antes de que ejecuten sus actos.
Históricamente, México arrastraba una debilidad estructural en materia de inteligencia civil. Durante décadas, la ausencia de un marco normativo robusto y la fragmentación de la información entre instituciones limitaron la capacidad preventiva del Estado. La inteligencia fue relegada a funciones marginales o incluso cuestionadas, y escándalos como el uso ilegal del software Pegasus evidenciaron la necesidad de regular y transparentar estas actividades. Las nuevas leyes corrigen estas deficiencias al establecer un sistema coordinado, con mecanismos de supervisión técnica y auditorías permanentes, garantizando que el acceso a datos se realice siempre con autorización judicial y en respeto irrestricto a los derechos humanos.
Entre los avances concretos destaca la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, que integra información de diversas fuentes para permitir análisis predictivos y estrategias operativas más efectivas. La Guardia Nacional, ahora bajo control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional pero con formación policial civil, asume un papel clave en las labores de investigación. Asimismo, las entidades federativas y los municipios están obligados a profesionalizar sus cuerpos policiales y a reportar resultados periódicos. Además, la legislación refuerza la coordinación interinstitucional, optimiza el uso de recursos federales y prevé sanciones para las autoridades locales que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad.
Las críticas de algunos sectores de oposición, que acusan a las reformas de propiciar un “Estado espía”, omiten que toda obtención de datos personales está regulada por la legislación vigente y sujeta a control judicial previo. Lejos de institucionalizar la vigilancia masiva, estas disposiciones buscan combatir la impunidad al dotar al Ministerio Público de elementos probatorios robustos para judicializar los casos. En un país donde la desigualdad social y la exclusión alimentan la violencia, este marco legal apuesta por un modelo preventivo, alineado con la Estrategia Nacional de Seguridad 2024–2030, que reconoce las causas estructurales del delito y articula políticas sociales dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
México da así un paso firme hacia un Estado protector que, con inteligencia y tecnología, enfrenta al crimen organizado sin recurrir a la fuerza indiscriminada. Estas reformas no solamente saldarán viejas cuentas pendientes, sino que colocan al país a la vanguardia en la construcción de un modelo de seguridad pública moderno, transparente y eficaz, orientado a garantizar paz y justicia para todas las personas.
El Heraldo de Mexico
