Miguel Badillo.
En el cuarto año de gobierno de Vicente Fox (2004), un grupo de extranjeros armados montaron un centro de espionaje en un inmueble de tres pisos ubicado a un kilómetro de la residencia oficial de Los Pinos, en la calle de Florencio Miranda 22, colonia 16 de Septiembre, delegación Miguel Hidalgo, en donde tenían pinchadas 50 líneas telefónicas con sofisticados equipos de intercepción, grabadoras, identificadores de números, borra-casetes y papelería en donde hacían las anotaciones sobre las llamadas privadas.
Según las averiguaciones previas 179/D/2004 y 405/DDF72004, iniciadas en aquel año en la PGR por los delitos de espionaje e intervención de comunicaciones privadas, se afirma que “altos funcionarios e instituciones del Gobierno Federal, entre los que se encuentran el presidente de la República, el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, algunos empresarios importantes y periodistas”, eran escuchados constantemente en sus conversaciones privadas telefónicas.
De acuerdo con el amplio expediente (cuya copia sigue en poder de esta columna), todo se descubrió por una llamada anónima que se recibió en la Dirección General de Delitos Federales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en donde se alertó de que un grupo de extranjeros armados habían montado un importante centro de espionaje a unas cuadras de la residencia oficial de Los Pinos, en donde vivía Vicente Fox protegido por miles de militares del Estado Mayor Presidencial.
Ese mismo día de la llamada anónima, agentes federales a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, que dirigía José Luis Santiago Vasconcelos (fallecido en aquel accidente de helicóptero que cayó por la zonas de Las Lomas en donde también murió el entonces secretario Juan Camilo Mouriño), montaron una operación encubierta para vigilar y asegurar la vivienda de tres pisos y detuvieron a un radiotécnico de escasos recursos que, según su declaración ministerial, había sido contratado para cambiar las cintas que contenían las intervenciones telefónicas.
De acuerdo con la tarjeta informativa 034/40 de la PGR, integrada al grueso expediente policiaco, los agentes de la AFI informaron al ministerio público federal José Carlos Villareal Rosillo, que al momento del cateo descubrieron que entre las líneas telefónicas que habían sido interceptadas estaba el número 52731643, perteneciente a la residencia oficial de Los Pinos y cuya línea fue contratada por la Secretaría de Gobernación.
El radiotécnico detenido se llama Víctor Manuel Bernabé Castillo, quien en su declaración ministerial aceptó haber trabajado en la intercepción de 50 números telefónicos, incluidos los de la residencia oficial de Los Pinos, la Secretaría de Gobernación y la PGR, así como de empresarios y periodistas.
A Bernabé Castillo sólo le pagaban 6 mil pesos mensuales por colocar y recoger las cintas de grabación clandestinas en los números telefónicos interceptados y dijo que las entregaba a una persona cuyo nombre no reveló y sólo mencionó que era de origen extranjero.
Aunque se trataba de un espionaje grave porque vulneraba la seguridad nacional al intervenir las conversaciones privadas del presidente de la República, del secretario de la Defensa y del procurador general de la República, Bernabé Castillo fue liberado días después con una fianza mínima de sólo 30 mil pesos, porque según se dijo “el acto cometido no estaba considerado como un delito grave”.
En realidad, lo que hizo el gobierno foxista fue tratar de ocultar la vulnerabilidad en que se encontraba el gobierno federal panista y por eso liberaron de inmediato al encargado de las grabaciones ilegales, sin importarles descubrir quiénes habían ordenado el espionaje ni quienes integraban ese grupo de extranjeros que espiaban a Fox ni con qué propósito.
TÚ ESPÍAS, ÉL ESPÍA, ELLOS ESPÍAN Y TODOS ESPÍAN
En gobiernos priistas y panistas el espionaje era como un deporte en México que cualquiera podía practicar y todo se agudizó cuando el panista Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República (2006) y designó al narcotraficante Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública Federal (actualmente preso y sentenciado en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado), quien junto con la Secretaría de la Defensa Nacional fueron los primeros en adquirir el sistema israelí de espionaje conocido como Pegasus y a partir de entonces nadie estaba a salvo de ser escuchado en sus conversaciones privadas, pues ese software era vendido por funcionarios lo mismo a particulares que a gobernadores y hasta a integrantes del narcotráfico.
Ahora opositores políticos (PRI y PAN), líderes empresariales, medios de comunicación, asociaciones civiles, ongs y opinadores hacen pronunciamientos en contra de la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la califican como ley espía, cuando en gobiernos pasados todos espiaban ante el fácil acceso a comprar equipos de intercepción de llamadas en tiendas de productos electrónicos y sin que alguna autoridad de interesara en investigar esas violaciones a la privacidad.
Ante los señalamientos opositores a dicha ley, la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que son falsos sus argumentos y rechaza que su gobierno haga espionaje: “Otra vez, ahí están, no sé cuántos comentócratas. Esa ley es de seguridad y apoyo a la población, así debería de llamarse; no tiene nada que ver con el espionaje”.
Detalló que las modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión se apegan al marco constitucional y no otorgan facultades extraordinarias al gobierno y sus instituciones para vigilar a la población.
La presidenta sostiene que “es falso de toda falsedad que haya en esas leyes alguna capacidad que le de al Estado mexicano, fuera de la Constitución, para vigilar a las personas. Falso de toda falsedad”, y acusó que las críticas responden a una estrategia política y mediática para desacreditar las iniciativas impulsadas desde el gobierno federal.
Para la mandataria las protestas contra la nueva ley es un tema eminentemente político para criticar al gobierno, porque en realidad a la oposición no le importa el contenido de la ley y entonces dicen puras mentiras.
En el caso de la otra ley, la de Telecomunicaciones, Sheinbaum Pardo ya explicó que tiene como objetivo hacer valer el derecho de las audiencias, pues contrario a lo que aseguran los opositores a su administración, en México está garantizada la libertad de expresión y el derecho del pueblo a la información, pero no se puede permitir la mentira.
“Todo periodista, todo editorialista, tiene toda la libertad de criticar al gobierno, toda, aquí no hay censura, ninguna censura. Tienen toda la libertad y, si no, pueden ver el 99.9 por ciento de los medios de comunicación hacen una crítica permanente al gobierno. O sea, hay total libertad de crítica al gobierno de México, de crítica a la presidenta. ¿Qué decimos nosotros? Sólo que no mientan, pueden tener diferencias, pero decir mentiras va contra el derecho a la información”, sostuvo la jefa de la Nación.
Aunque los medios de comunicación violen el derecho humano a la información al mentir premeditadamente, la presidenta sigue sosteniendo que desde el Ejecutivo no se va a realizar alguna prohibición.
Acerca del derecho de las audiencias que establecerá le Ley de Telecomunicaciones, la doctora Sheinbaum dijo que “es solamente la capacidad que tiene un ciudadano o una ciudadana decir: ‘oye, yo tengo derecho a la información’; tú [medio de comunicación] vas a tener un ombudsman de derecho de las audiencias que va a definir si en efecto se violó el derecho a la información o no; pero nadie está coartando la posibilidad de informar, de decir, de opinar, nada. Pues imagínense todo lo que hay en los medios ahora en contra de la presidenta y sencillamente tenemos derecho de réplica en las mañaneras”.
La presidenta de la República recuerda el artículo 16 constitucional, que garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y establece que cualquier intervención sólo puede darse bajo orden judicial y con una carpeta de investigación sustentada con pruebas. “Las comunicaciones privadas son inviolables, la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra su libertad y privacidad”.
El Independiente
