Álvaro Aragón Ayala.
Gerardo Octavio Vargas Landeros, alcalde de Ahome separado del cargo por los diputados del Congreso Local, fue vinculado a proceso bajo el cargo de abuso de autoridad. La Fiscalía General de Justicia de Sinaloa lo acusa de negar información sobre el arrendamiento de patrullas en el 2021 en el curso de una indagatoria por un supuesto caso de ejercicio indebido del servicio público y otras irregularidades. En descargo, Vargas denunció presuntas motivaciones políticas atrás del procedimiento judicial.
Ni los funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, punto de origen de la denuncia penal, ni los de la Fiscalía, menos el Juez de la causa, Carlos Alberto Herrera, atribuyen a Vargas Landeros los delitos peculado, coalición de funcionarios públicos, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, concusión, sólo lo acusan de obstruir, a juicio de la ASE y la Fiscalía, una investigación contable en torno a la renta de vehículos. A juicio de la defensa este es un delito menor carente de sustento jurídico.
Vargas Landeros, de filiación morenista, recibió el auto de vinculación a proceso y la prohibición de salir del país sin autorización judicial, y la orden-obligación de firmar cada mes en la Unidad de Medidas Cautelares. El juez determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Al salir de la audiencia judicial, dijo sentirse confiado de que imperará el estado de derecho y la justicia.
El Juez Carlos Alberto Herrera resolvió procesar a Vargas Landeros bajo la causa penal 830/2025, y definió un plazo de tres meses para que las autoridades continúen con la investigación. Los Fiscales acusaron al político de negar información sobre las patrullas adquiridas en el 2021 pese a los reiterados oficios de petición. La defensa dijo que Vargas sí entregó la información, pero a través de terceros, como sucede en todos los gobiernos.
Minutos más tarde, Gerardo Vargas difundió un comunicado en el que fijó su postura y denunció presuntas motivaciones políticas detrás del procedimiento judicial. “Hoy se celebró la audiencia pública de vinculación a proceso, un acto judicial en el que el juez determina si existen elementos mínimos para continuar con una investigación formal o bien desestimar los señalamientos presentados por la Fiscalía. El juez consideró que se cumplen los requisitos legales para que la investigación continúe”, expresó.
En el documento “clavado” en las redes digitales, aseguró que los hechos señalados no le son directamente atribuibles y señaló que corresponden a funciones ejercidas por otros servidores públicos y reveló que el caso tiene un trasfondo político”. Sin revelar nombres expuso que “es evidente que detrás de este proceso judicial hay motivaciones que van más allá del ámbito legal. Se trata de un claro intento por sacarme de la vida política de nuestro estado, utilizando los tribunales como herramienta política. Hoy intentan apartarme con estrategias ajenas al juego limpio democrático”.
Desde la óptica del alcalde retirado por el Poder Legislativo para que enfrente el proceso penal sin fuero, se están usando estrategias poco éticas para dañar su imagen pública y desacreditar su trayectoria política. “Tengo la frente en alto y la conciencia tranquila. He trabajado siempre con honestidad, transparencia y entrega al servicio público”. No es el primer comunicado que difunde Gerardo Vargas sin mencionar nombres de personajes de la política que “lo quieren sacar de la jugada”, pero mandando lecturas “entre líneas” de una presunta conjura en su contra.
