Yamir de Jesús Valdez.-
En política, los números no solo cuentan votos, también narran intenciones, tensiones y, a veces, advertencias. El reciente proceso de elección para renovar al Poder Judicial generó una cifra que desde el poder se ha repetido como escudo y espada: trece millones de votos. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este resultado no solo legitima el proceso, sino que lo convierte en un hito político frente a los partidos tradicionales.
Al compararlo con los resultados de 2024 —donde el PAN obtuvo 9.6 millones de votos, el PRI 5.7 millones y Movimiento Ciudadano 6.2— la superioridad numérica parece contundente. Y sí, en términos simples, más personas votaron en esta consulta judicial que por cualquiera de esas fuerzas políticas por separado. Sin embargo, la política rara vez es simple.
La lectura inmediata de estos datos apunta hacia la consolidación de la mayoría oficialista en el Congreso, lo cual facilitó el avance de la Reforma Judicial, pese a los intentos de contención de una oposición debilitada, mal articulada y, quizás, desconectada de las nuevas pulsiones ciudadanas. Pero no todo se resuelve en el Congreso. La legitimidad, a largo plazo, no se sostiene solo con votos, sino con resultados.
Jean Paul Sartre Churchill, escribió que “el compromiso es un acto, no una palabra”. Esta frase bien puede servir de advertencia para quienes celebran anticipadamente el éxito de esta reforma. Porque el respaldo de trece millones de ciudadanos representa un acto de fe, pero también de exigencia. El compromiso ahora es del poder con la sociedad. No basta reformar instituciones, hay que transformarlas en lo profundo.
Desde la perspectiva sinaloense, acostumbrada a observar con escepticismo los anuncios del centro del país, la prudencia obliga. El estado ha vivido de cerca los límites de un sistema judicial que, en más de una ocasión, ha sido percibido como inaccesible, lento o simplemente lejano. Por eso mismo, algunas y algunos ciudadanos vieron en esta elección una oportunidad de participar, aunque fuera simbólicamente, en el rediseño de un poder históricamente blindado.
La elección no estuvo exenta de críticas: desde lo restringido del padrón hasta las formas propagandísticas de promoción. Tampoco fue un ejercicio libre de dudas sobre su transparencia o sobre la intención real detrás del impulso reformista. Pero una cosa es cierta: sucedió. Y esa respuesta debe ser tomada en serio por todos los actores políticos, especialmente aquellos que aún insisten en oponerse sin presentar alternativas creíbles.
La oposición no solo perdió una votación legislativa: perdió una narrativa. Mientras tanto, el oficialismo, con todos sus defectos, ofreció una dirección, un relato, y una promesa. En política, eso sigue contando.
Churchill decía que “la responsabilidad es el precio de la grandeza”. Si el gobierno presume grandeza electoral con estos trece millones de votos, deberá pagar el precio: rendición de cuentas, justicia accesible y cero impunidad, incluso entre sus filas. Porque si los ciudadanos votaron con esperanza, la decepción puede masiva si los cambios prometidos terminan siendo simulación: 2027 está a la vuelta.
Los próximos meses serán clave. Lo que se haga o se deje de hacer con esta “legitimidad” recién adquirida marcará no solo el destino del Poder Judicial, sino el rumbo del pacto social. Las instituciones no se construyen solo con leyes; requieren credibilidad, resultados y confianza. Ninguna mayoría legislativa puede decretar eso por sí sola.
Por ahora, hay una certeza: el país está cambiando, y la gente quiere participar, aunque aún no sepa con claridad cómo. Las estructuras clásicas de representación política están en crisis, y en ese vacío emergen nuevas formas de involucramiento ciudadano, algunas espontáneas, otras inducidas, pero todas con un denominador común: el deseo de que algo cambie.
Y hablando de certezas, no puedo cerrar esta columna sin mencionar con orgullo que hoy, Los Mochis cumple 122 años de fundación. Ciudad cálida, resiliente y trabajadora, que ha sabido crecer en medio de las contradicciones del estado, y que a pesar del contexto de inseguridad que aún persiste en muchas regiones, se mantiene como una de las más seguras del país. Un ejemplo de cómo el compromiso colectivo puede traducirse en bienestar común.
Si los trece millones de votos que hoy tanto se celebran sirven para construir un poder judicial más honesto, más humano y más eficaz, entonces habremos dado un paso adelante. Pero si son usados para imponer una voluntad sin contrapesos, será una victoria vacía. Al final, como diría Sartre, no se trata solo de elegir, sino de ser responsables de lo elegido.
