Benjamín Bojórquez Olea.
En el arresto de Gerardo Vargas Landeros se mezclan el derecho, la política y la narrativa pública como piezas de un ajedrez de alto riesgo. Lo que se presenta ante nosotros no es sólo la detención de un político prominente, sino el reflejo, nítido y perturbador, de cómo el poder judicial puede convertirse en escenario de pugnas más profundas, más veladas. Y en ese espejo, todos —ciudadanos, políticos, jueces, periodistas— nos vemos involucrados.
La pregunta que flota, ineludible, no es si Vargas Landeros es culpable o inocente. Esa es tarea del proceso, no del prejuicio. La pregunta crucial es otra: ¿se respetan las reglas del juego cuando se trata de quienes ostentan poder? Porque si no se respetan ni siquiera en los casos de figuras públicas, ¿qué le espera a quien no tiene recursos, abogados o prensa esperando afuera del tribunal?
Vargas Landeros fue detenido pese a contar, según su defensa, con una suspensión provisional de amparo. Que esa detención haya sido ejecutada con aparente desprecio a esa protección judicial abre una grieta no menor: la posibilidad de que el Estado viole sus propias normas en nombre de la justicia. Y cuando eso ocurre, deja de ser justicia: es escarmiento, venganza, teatro, o peor aún, cálculo político.
La espectacularidad del operativo, con rumores de entregas a la DEA y traslados ficticios a la Ciudad de México, evidencia otra patología institucional: el uso de la narrativa y el miedo para ganar legitimidad. La justicia no necesita escándalos ni shows para operar; necesita pruebas, procesos limpios y respeto al debido proceso. Si lo que se pretende es limpiar la vida pública, no puede hacerse con las manos sucias.
Pero más allá de Vargas Landeros, este episodio tensiona una cuerda más profunda: ¿es posible aún confiar en la neutralidad del sistema judicial cuando las acciones parecen dictadas desde una lógica de oportunidad política? Porque si la ley se aplica con criterios selectivos, si el amparo puede ignorarse y los derechos procesales depender del clima electoral, entonces la democracia pierde su principal ancla: el estado de derecho.
A este panorama ya de por sí turbio, se suma el silencio contenido de Gerardo Vargas al salir de la audiencia. “Estoy tranquilo”, dijo. ¿Es eso una estrategia legal? ¿Una muestra de confianza en sus abogados? ¿O es, tal vez, una resignada aceptación de que este proceso ya se juega en un terreno más allá del jurídico?
Sea cual sea la respuesta, el caso tiene implicaciones profundas para el Sinaloa político. Con elecciones en el horizonte, todo acto judicial se lee con gafas políticas. Y ese es precisamente el peligro: que el derecho deje de ser brújula para convertirse en arma.
Tal vez lo que más inquieta no es la detención en sí, sino la forma en que ocurrió. Porque cuando el poder se permite violar sus propios límites, la legalidad se vuelve selectiva y la justicia, sospechosa. Y si eso no nos alarma, si eso no nos hace reflexionar sobre el estado actual de nuestras instituciones, es porque ya estamos demasiado acostumbrados a que la justicia sea solo otra forma de ejercer el poder.
GOTITAS DE AGUA:
Ojalá que este próximo miércoles no sea sólo la continuación de una audiencia más, sino la oportunidad de que el sistema judicial sinaloense muestre que aún es capaz de actuar con autonomía, legalidad y dignidad. No por Vargas Landeros, sino por todos nosotros.“Si cierran la puerta, apaguen la luz”
