Felipe Guerrero Bojórquez.
La guerra sigue en Sinaloa, particularmente en Culiacán, y no se avizora cuando termine. La crisis de seguridad ya se le convirtió al gobernador Rubén Rocha en una crisis política, al grado de que hay quienes apuestan a que podría dejar la gubernatura.
Por supuesto, esto de que el gobernador dejaría su responsabilidad forma parte no sólo de las especulaciones mediáticas, sino de la falta de una estrategia para enfrentar la difícil situación a la que, por lo mismo, el propio Rubén Rocha ha contribuido enormemente.
El gobernador de Sinaloa tiene un enemigo acérrimo a la hora de emitir juicios: Se llama Rubén Rocha y le encanta ir contra el equilibrio emocional del otro, y contra su responsabilidad de callar justo cuando se requiere guardar la compostura institucional.
Sea responsable o no de lo que se le imputa, la crisis de seguridad y política ya está instalada y los hechos de violencia, por sí mismos, son ya suficientes como para exigirle al gobierno de Sinaloa que cumpla con el compromiso constitucional de darle protección y seguridad a los sinaloenses.
Si estuvo Rocha o no en Estados Unidos, si acudió o no a Huertos del Pedregal donde según la FGR secuestraron a «El Mayo» Zambada y habrían asesinado al Maestro Héctor Melesio Cuén, el punto es que la guerra sigue y que el gobierno no la ha podido frenar.
El punto es pues, que la guerra entre la chapiza y la mayiza entró a una dinámica incontrolable que, por su propia naturaleza, se les ha salido de las manos y su impacto, por un lado, ha dañado severamente a la sociedad, a su economía, a su espíritu y, por otro, le ha pegado en el centro de la credibilidad al gobierno rochista.
Es decir, al gobernador lo han dejado con el problema como si fuera enteramente de él; lo lo han involucrado directamente como parte del mismo, y en ese sentido los responsables de la seguridad nacional ven a Sinaloa como un todo, donde el gobierno estatal, la fiscalía local, las policías estatal y municipal tendrían algo que ver con los grupos de facto en guerra. Por eso vale preguntar: ¿ Dónde están los responsables de la seguridad nacional, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública y el General Ricardo Trevilla, Secretario de la SEDENA, a 15 días de haber estado en Culiacán? Es solo una pregunta.
¿Qué hace el gobierno federal y el gobierno estatal para enfrentar la guerra o combatir a los generadores de violencia? ¿Cómo justifica su ineficacia ante la evidente no aplicación del Estado de Derecho? Ante el reporte de ayer, en el que elementos del Ejército habrían abatido al menos a 19 civiles cerca de Culiacán y la detención de un líder de la mayiza, se pudiera pensar que las fuerzas federales definieron ya una estrategia de ataque y de seguimiento a partir de tareas de inteligencia. Habría que ver si esta información la confirma y detalla la SEDENA para cuando esta columna sea publicada.
Por otro lado, en los últimos días el gobierno rochista se ha dedicado a contrarrestar la exigencia ciudadana de paz argumentando que los actos violentos han sido magnificados por las redes sociales y que todo ello ha generado un problema de «percepción». O sea: Lo que los medios observan y publican y lo que los ciudadanos ven, sienten, videograban, difunden y comparten no existe. Todo es ilusión, invento, amarillismo, producto de mentes «adversarias y conservadoras» y la única realidad es la que dice el gobierno a través de sus canales oficiales. Es cierto, hay mucha información falsa e inexacta en las redes sociales, pero eso no significa que la mayoría de los casos que se han dado a conocer sean mentiras. Tanto las redes como los medios de comunicación han rebasado, a la velocidad de la luz, al gobierno en materia de información. Incluso, por el contrario, hoy con lo que está ocurriendo, la población pone en duda la información oficial porque con sus otros datos han pretendido ocultar los hechos.
Justamente este tipo de «estrategias» del gobierno para tratar de contrarrestar la dramática realidad violenta que viven a diario miles de sinaloenses, es lo que más los hunde porque, de entrada, no solo tratan de evadir su responsabilidad, sino que ofenden la inteligencia de la gente, harta ya de no ver claro y de que cada día las cosas empeoren.
Más allá de la comentocracia, de las predicciones políticas de que si Rocha deja o no la gubernatura, presionado por una facción del Cartel de Sinaloa, investigado por la FGR , abandonado por MORENA y la presidente Claudia Sheinbaum, más allá de si ello es cierto o no, Sinaloa sigue en llamas. ¿El fuego se apagaría si Rocha se va? ¿Quién garantiza la paz? ¿Los carteles? ¿Morena y Sheinbaum? ¿Quién pues le hará justicia pronta y expedita al pueblo de Sinaloa?
Desgraciadamente estas preguntas no tienen respuesta inmediata por una sencilla razón: Es que está de por medio el entrelazamiento del poder constitucional con el poder fáctico. La maraña de intereses históricos hoy se exhibe en Sinaloa a partir de una ruptura entre dos grupos del crimen organizado y la parte que se le achaca al gobierno. Es, dicen, el cobro de facturas a quienes no cumplen con el pacto, de parte de quienes se sienten traicionados.
Y el punto es que la guerra sigue (Noticias FG)
